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Populismo Institucional y Populismo Revolucionario en Venezuela

De: Alfredo Keller R.

Alfredo KELLER y Asociados
AKSA Partners Consulting

 

Abstract:

La idea de que Venezuela es un país rico está muy generalizada debido a la asociación que se hace del petróleo con la abundancia de recursos financieros.

De allí que luzca inexplicable que la pobreza en Venezuela alcance actualmente al 69%. En realidad, la pobreza venezolana se inicia a fines de los ’70 como producto de la caída indetenible del ingreso.

Venezuela no ha sabido detener esa caída porque ha fracasado en sus intentos por diversificar la economía y porque ha cultivado valores y creencias que han acentuado la cultura populista tanto del lado de la demanda popular como de la oferta política.

En el populismo venezolano hay que distinguir al populismo institucional que aplicaron todos los gobiernos democráticos entre 1958 y 1999 del populismo revolucionario o de masas que surge con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y que lo convierte en base de legitimidad para una dictadura.

I. El contexto latinoamericano

Aunque no parece haber una metodología única para determinar qué es la pobreza y cuál es su dimensión, tenemos que aceptar que, sin importar cómo se mida, en casi todos los países latinoamericanos la pobreza representa al segmento de las mayorías. Naciones Unidas estima que el 74% de la población latinoamericana vive bajo distintos grados de pobreza, de la cual al menos un 17% está en situación extrema.

Estamos, pues, hablando en total de alrededor de 387 millones de pobres. De estos, al menos 66 millones están en situación de simple sobrevivencia, una dimensión aterradora que equivale a la suma global de los habitantes de Venezuela y Colombia .

El hecho de que tres de cada cuatro ciudadanos de este continente sean pobres convierte a la pobreza en el verdadero marco de acción de la política contemporánea latinoamericana y, al mismo tiempo, en el eje central de las motivaciones populares y de las preocupaciones de las élites políticas.

Según los “Objetivos para el Desarrollo del Milenio”, propuestos por Naciones Unidas en 2001, América Latina debería mantener un crecimiento económico sostenido del 7% anual durante los próximos 25 años a fin de reducir la pobreza a la mitad. Luce poco… sólo a la mitad y, sin embargo, sugiere al mismo tiempo una tarea colosal casi imposible de atacar resueltamente a juzgar por lo que muestran los indicadores económicos de los últimos años.

Durante el período que va entre 1991 y 2003, el crecimiento promedio de América Latina ha sido apenas del 2,9% (Gráfico n° 1), muy lejano de la meta que ha calculado la ONU, con el agravante de que el crecimiento interanual ha transcurrido con una gran erraticidad lo que demuestra lo poco predecible que resulta tratar de determinar el rumbo general probable de la economía continental.

De hecho, las economías latinoamericanas son tremendamente vulnerables a los desajustes externos a la Región tanto por la presión que ejercen los mercados de capitales como por la fragilidad, en muchos casos, de los sistemas financieros internos o su dependencia a estructuras monoproductivas y escasamente diversificadas.

Otro indicador de la pobreza de América Latina se pone en evidencia cuando comparamos los índices del producto interno bruto de sus países con los de, por ejemplo, España o los Estados Unidos (Gráfico n° 2). Para el año 2001, el PIB per cápita norteamericano fue de US$ 34.320 y el de España de US$ 20.150 mientras que el promedio para América Latina en su conjunto no alcanzaba siquiera los 5 mil dólares.

Con tantos pobres y con economías tan débiles y vulnerables no debe extrañar mucho la erupción reiterada de corrientes populistas. Ciertamente que lo que parece nutrir al populismo en América Latina es la generalizada pobreza que se expande por doquier, no sólo porque es evidente que el populismo florece donde las sociedades son más pobres sino porque nos resulta inconcebible imaginar que una sociedad en situación de bienestar y en crecimiento económico sostenido, con acceso a todos los servicios públicos, con capacidad de generar excedentes financieros y con un sistema de seguridad social que garantiza una vejez adecuadamente atendida, acepte someterse a la manipulación de sus sentimientos y de sus necesidades humanas hasta el punto de transar cuotas mínimas de bienestar a cambio de la vocación de poder de sus líderes.

Porque, en última instancia, no otra cosa es el populismo sino una manera de asistencialismo o de patronaje por parte del Estado que conculca la libertad de las personas obligándolas a depender de políticas redistributivas que les permitan vivir en el límite de la sobrevivencia. Lo artero y terrible del populismo es su propósito de convertir esta humillación en agradecimiento y en aplauso.

Así, pues, el populismo y la pobreza parecen ir de la mano hasta formar un círculo vicioso de mutuas interdependencias con lo cual no sólo se impide la resolución de la pobreza sino que, por el contrario, tienden a arraigarla profundamente.

Pero este aserto según el cual la pobreza induce ineludiblemente a fórmulas de gestión pública que responden a la tentación populista no puede generalizarse.

De hecho, buena parte de los países latinoamericanos ha desechado justamente al populismo como forma de articulación política y tanto sus líderes como sus pueblos han adquirido mayoritariamente una orientación destinada a la construcción de espacios democráticos participativos y con enfoques de economía competitiva. Es el caso, por ejemplo, de El Salvador.

Este pequeño país centroamericano de 7 millones de habitantes que pasó por una terrible guerra civil ha logrado derrotar sistemáticamente la tentación populista mientras avanza hacia una fuerte economía productiva. Otro ejemplo, no siempre visto necesariamente como un modelo de superación, tanto de la pobreza como del populismo, es el Perú.

No obstante la persistencia de estos factores, el Perú ha logrado eludir al populismo cuyo último modelo aplicó Fujimori aún a costa de un elevado riesgo de inestabilidad política potencial. Otros casos muy interesantes son el Brasil de Luiz Ignacio Lula da Silva y el Ecuador de Lucio Gutiérrez.

Con los antecedentes de ambos cabía esperarse que dirigiesen gobiernos populistas para complacer a las masas que lo coreaban en sus campañas electorales pero tanto uno como el otro han sido mucho más prudentes de lo esperado y parecen haber comprendido que no es con políticas que agotan los activos productivos para redistribuir la riqueza que se puede generar empleo y bienestar económico con responsabilidad social. La pobreza, pues, no conlleva necesariamente al populismo.

El caso venezolano, del cual nos dedicamos aquí, hace particularmente interesante esta disertación debido a la disonancia que normalmente produce la imagen idealizada de un país petrolero con un Estado rico y abundante pero con un régimen político típicamente populista.

II. Pobres en un país rico

No obstante, la idea generalizada de que Venezuela es un país rico porque tiene petróleo no pasa de ser un bochornoso mito. Y si se extrapola la supuesta riqueza del país a una población consiguientemente igual de rica estamos entonces ante una bochornosa mentira.

Un país con 25 millones de habitantes y con ingresos anuales de 22 mil millones de dólares por concepto de venta petrolera, lo que representa al 84% de sus exportaciones totales, no debería tener los índices de pobreza que muestra Venezuela. Pero lamentablemente los tiene en grado alarmante.

Como siempre, las fuentes y las cifras sobre los indicadores respectivos dan para todos los gustos. Para la CEPAL, por ejemplo, la pobreza total en Venezuela en el año 2002 afectaba al 63,4% de la población , sólo algo inferior a la cifra de 69% a la que llega el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas para el año 2003 (Tabla n° 1).

Pero mientras la indigencia era de sólo del 19,4% para la CEPAL, para el IIES-UCAB este concepto de pobreza extrema era del 33%; es decir, uno de cada tres habitantes en incapacidad de adquirir con sus ingresos la canasta básica alimentaria.

Quizás más comprometidas con la necesidad de todo gobierno de edulcorar los indicadores adversos que en mostrar los espantos de la realidad y su incapacidad para corregirlos, las cifras oficiales anunciaron con espíritu de logro que la pobreza total del país en 2003 era del 54% (15 puntos menos que los datos del IIES-UCAB) con un segmento de indigencia del 25,1% .

Estos indicadores de pobreza se elaboran por la agregación de un conjunto de variables, tales como niveles de ingresos, acceso a servicios públicos básicos, condiciones de habitabilidad del hogar, nivel educativo del jefe del hogar, etc. Así que se trata de indicadores externos al individuo pero, ¿qué ocurre cuando se le pregunta a la población sobre su situación relativa en torno a la pobreza?

En nuestra encuesta nacional del 1er. trimestre del 2001 lo hicimos y el resultado fue bastante similar al de los índices de pobreza que muestran tanto la CEPAL como el IIES-UCAB: el total de la población que dijo sentirse pobre alcanzó al 64% (47% “algo pobre” y 17% “muy pobre”). Se declararon como “ricos” o “muy ricos” sólo el 4% mientras que el resto, 30%, se auto designó la categoría de “clase media” .

Pero en lo que todos coinciden es en la progresión vertiginosa como ha venido aumentando la pobreza de los venezolanos en los últimos años hasta convertir a este país en el peor ejemplo latinoamericano en políticas efectivas de atención al problema.

Los indicadores de la PNUD, por ejemplo, muestran a Venezuela como el país de América Latina que ha tenido el mayor crecimiento en sus índices de pobreza entre todos los restantes con un incremento del 85% para la década de 1990 al 2000 pero, además, con un aumento del 11% en la desigualdad social y con una pérdida superior al 7% en su índice de desarrollo humano.

Por cierto que como uno de los indicadores de pobreza referidos a Venezuela en el informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano, correspondiente al año 2003, se menciona el dato de que el 21% de la población venezolana está desnutrida, cifra que duplica a la señalada para el Perú .

Por su parte, el informe de la FAO sobre índices de desnutrición en el mundo, señala que los desnutridos en Venezuela se han duplicado entre 1990 y el 2000 con lo cual se llega a la terrible noticia de que al menos 4,4 millones de habitantes viven en los linderos del hambre .

También en esta década, el desempleo abierto ha pasado de 10.2% en 1990 a 19.3% en el 2002 y el empleo urbano en sectores de baja productividad, eufemismo para designar al trabajo informal, mucho del cual callejero conocido en Venezuela como buhonería, pasó del 39.2% de la población económicamente activa al 56.5% en el mismo período (Tabla n° 2).

Esto quiere decir que la productividad del país descansa ahora en los hombros de apenas tres de cada 10 venezolanos en edad laboral .

El Proyecto Pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello grafica este crecimiento progresivo de la pobreza en tres saltos históricos: para 1978 la pobreza afectaba al 17% de la población, índice que salta 20 años después, para 1998, al 54% y alcanza al 69% en el 2003 .

El estudio sobre la pobreza realizado por el IIES-UCAB es un enjundioso trabajo de carácter permanente que demuestra la incidencia sobre la pobreza de algunos factores de inequidad. Por ejemplo, mientras la probabilidad de ser pobre es del 11.5% para quienes han alcanzado un nivel educativo superior, casi la mitad (49.6%) de quienes son analfabetas lo serán casi inevitablemente.

La inequidad de género hace que la mujer propenda más a la pobreza que los hombres, así como es más probable que lo sea la población rural que la urbana y, desde luego, más los trabajadores informales que los formales en proporción de 3:1.

Algunas consecuencias sobre el deterioro de las condiciones de vida de la población, derivadas del elevado índice de pobreza en Venezuela, se recogen de información suministrada por las propias cifras oficiales.

Por ejemplo, que el 44% de los hogares del país tiene algún miembro de la familia con padecimientos de enfermedades crónicas de los cuales sólo algo menos de la mitad no lleva ningún control asistencial.

Aunque el 88% de los hogares está dotado del servicio de acueducto sólo el 55% declara recibir agua todos los días mientras que el 27% no posee servicio de cloacas para excretas.

En materia escolar la información es francamente deprimente. 41% de los niños entre 4 y 6 años de edad no ha asistido a ningún centro educativo; la deserción escolar en niños entre los 4 y los 15 años llega al 69% de quienes iniciaron la escolaridad y sólo el 11.3% de los jóvenes entre 14 y 25 años, que tienen nivel educativo inferior a la educación básica, asiste a cursos de formación profesional.

En el campo laboral ya hemos reseñado la elevada tasa de desocupación existente y el hecho de que la mayoría de la fuerza de trabajo está dedicada a labores informales. Pero debe agregarse el dato extremadamente significativo de que el valor real del salario promedio del trabajador había perdido para 1998 el 43.2% del valor equivalente del año 1990.

La pobreza, a su vez, ha sido un factor impulsor de la criminalidad. En el quinquenio que va entre 1999 y el año 2003 se han producido 43 mil muertes violentas en todo el país, según fuentes policiales, pero lo más impresionante es que el 93% de ellas han ocurrido en los estratos más pobres.

Caracas, por cierto es ahora la tercera ciudad más violenta de América.

III. Causas económicas de la pobreza venezolana

El discurso público internacional ha tenido como tendencia histórica la de explicar la pobreza anteponiendo en jerarquía a cualquier otro argumento el de la inequidad en la distribución de la riqueza para lo cual se han basado en las evidencias de que el cuartil superior de la estratificación socioeconómica percibe, en la generalidad de los casos de los países menos desarrollados del mundo, entre el 40 y el 60% del ingreso mientras que el cuartil inferior con frecuencia no sobrepasa el 10%.

De esta lectura deriva necesariamente una potencial conclusión que ha influido tremendamente en la orientación de las políticas públicas en América Latina y que ha nutrido al populismo como alternativa. Consiste en la generalizada idea de que los pobres lo son porque los ricos acaparan la riqueza con lo cual, de paso, se forma la creencia de que las élites actúan no sólo de manera exclusiva en su propio beneficio sino con la intención perversa de excluir a los pobres de los beneficios del desarrollo.

Nunca ha faltado, por consecuencia, quienes proponen que la vía para resolver la pobreza es la de nivelar la desigualdad social a través de exacciones administrativas que buscan redistribuir la riqueza bajo el ropaje del discurso de la justicia social (quitarle a los ricos para dárselo a los pobres) aunque, para lograrlo, sean sacrificados el crecimiento económico, la atracción de inversiones productivas y los estímulos del libre mercado.

También en el caso venezolano este discurso y dichas prácticas han sido más bien una constante que una excepción en los últimos 50 años aunque es notorio que se han agudizado durante el actual gobierno del Presidente Hugo Chávez como explicaremos un poco más adelante.

La discusión sobre las causas de la pobreza en Venezuela, un supuesto “país rico”, son múltiples pero debe prestársele especial atención al menos a los siguientes factores de orden económico:

A) La caída sistemática del producto interno bruto durante los últimos 24 años a un ritmo negativo promedio de 1.8% interanual. Es decir, el empobrecimiento general de una generación completa. Especialmente impactante si se compara con los 27 años previos que tuvieron un crecimiento sostenido que promedió 2.8% interanual con picos de hasta 7% (Gráfico n° 3).

El contraste ha sido chocante. Durante el período 1950 - 1977 Venezuela tuvo crecientes recursos necesarios para dotar al país de una estupenda infraestructura física en construcciones públicas y civiles, extensivos servicios públicos a toda la población y una planta industrial gigantesca para la explotación minera y manufacturera. Eran los tiempos de la llamada “Gran Venezuela”, mofada por algunos como “la Venezuela Saudita” y el “’ta barato, dame dos...” de los chistes de mal gusto.

Era también la Venezuela Modelo que envidiaba el resto de América Latina, circunstancia que este país aprovechó para exportar la institucionalidad democrática con mucho éxito en Centroamérica y el Caribe y que, simultáneamente, estimuló una inmigración gigantesca proveniente de aquellos países con menos fortuna económica y política, en especial desde Colombia.

Pero todo este visible crecimiento no sólo se detuvo progresivamente a partir de los ’80 sino que se inició un rápido deterioro de lo ya construido. El ciudadano común comenzó a sufrir apagones, cortes en el suministro de agua, pésima transitabilidad de las carreteras, insuficiencia de medicamentos en los centros de salud y una erosión galopante en la calidad de los servicios educativos que se agrava cada año que transcurre.

Por esta razón, el Proyecto Pobreza del IIES-UCAB concluye en su análisis que “la causa principal de la pobreza ha sido la caída del ingreso del país más que la concentración del ingreso” .

B) La caída sostenida del PIB per cápita de las últimas décadas se debió básicamente a la correspondiente del aporte petrolero a la actividad económica nacional debido a la baja de los precios de hidrocarburos (Gráfico n° 4) y a la decisión de no expandir la producción más allá de los 3 millones de barriles diarios cuando habría podido alcanzar fácilmente casi el doble de esa producción para mediados de los ’80. Pero la economía nacional continuó dependiendo del petróleo como insumo y como factor impulsor del desarrollo con lo cual todos los intentos destinados a diversificar la economía no petrolera a partir de los años ‘60, en especial la industrial y manufacturera, tuvieron poco éxito o simplemente fracasaron.

Era más sencillo e incluso más barato importar maquinarias y productos terminados con el subsidio de la renta petrolera que producirlos en el país con lo que Venezuela continuó siendo un exportador neto de materias primas y en un importador de productos acabados.

Con el regreso de los precios petroleros elevados a partir del año 1999, el parque industrial venezolano ha sufrido un retroceso impresionante. Por ejemplo, para el año 1997 existían 11.640 industrias que generaban 467 mil empleos.

En 2003, este parque industrial se había reducido a apenas 4.903 industrias con 260 mil empleos. La parálisis de la economía en los años 2002 y 2003 que en conjunto representó la caída del PIB en un 20%, provocó tal grado de recesión que el 70% del sector industrial estaba utilizando menos del 60% de su capacidad productiva instalada .

Otro factor de desestímulo a la inversión y al trabajo productivo, como consecuencia de la hipertrofia petrolera, ha ocurrido en el sector agrícola al punto de que Venezuela tiene una balanza comercial alimentaria negativa. Para el año 2001, por ejemplo, Venezuela exportó US$ 314,5 millones en rubros agrícolas y alimentarios (de los cuales el principal son cigarrillos terminados) mientras importó US$ 1.899,7 millones, lo que representó un aumento neto del 10% en la balanza negativa por comparación con el año anterior .

Dos de las consecuencias más dramáticas de la dependencia petrolera y de la escasa diversificación económica han sido la insuficiencia crónica en la oferta de empleos y la concentración de los bienes de capital en cada vez menos manos lo que fatalmente deriva en convertir al Estado cada vez más en la entidad económica más poderosa en detrimento de la iniciativa privada y, sobre todo, en la desaparición progresiva de la pequeña y mediana industria.

IV. “Somos ricos”

Una tercera causa de la pobreza venezolana, que para el autor es quizá su verdadero origen, ha sido la sobreoferta en la promesa de la redistribución de la renta, no sólo porque ha anulado el tono vital de la sociedad y ha trastocado por completo el esquema de la relación productiva para la creación de riqueza a través del trabajo sino, muy especialmente, porque ha legitimado al populismo tanto en el estilo y en la orientación de la oferta del sector político como en la demanda popular.

El discurso público, especial aunque no únicamente proveniente del sector político, se ha fundamentado siempre en destacar la abundancia de los recursos mineros y de hidrocarburos del país, marco de creencias que alcanza dimensiones de doctrina nacional a partir del cual el administrador de la cosa pública construye nexos de dependencia clientelar con la ciudadanía.

Es por esta razón que el 90% de la población considera todavía hoy que “Venezuela es uno de los países más ricos del mundo” , paradigma que parece común a los países con economías primarias de extracción.

Esta idea pivote de país rico define las características del contexto cultural y da paso a la formación de una mitología de extraordinaria fuerza no exenta de paradojas. El más importante de los mitos tiene que ver con las características de la riqueza misma.

Se trata de una riqueza extractiva que como en la fiebre del oro en California a mediados del siglo XIX pertenece a quien la encuentra o, lo que equivale a lo mismo, a quien accede a los mecanismos de su distribución, sean estos productos del esfuerzo y del trabajo o, mejor aún, de la relación interdependiente con el distribuidor. La riqueza derivada del petróleo, apoyada por las grandes reservas de hierro, oro, bauxita y diamantes, se considera, además, gigantesca, infinita e inagotable.

En una sesión de dinámicas de grupo realizada por el autor a mediados de los ’90, uno de los participantes describió la riqueza nacional semejante a una montaña de billetes comparativa en tamaño a las montañas que rodean a Caracas... “un cerro de billetes”.

Pero se trata de un mito con contrapesos morales provenientes de la tradicional rural prepetrolera. Aunque la riqueza proviene del petróleo y de la minería, la agricultura juega un importante rol en el marco de las creencias dominantes.

El petróleo es considerado simultáneamente como “la gallina de los huevos de oro” y, a la vez, “el estiércol del diablo”, algo que se supone perverso porque ha impedido la diversificación económica y, sobre todo, el aprovechamiento cabal de “las grandes y ricas extensiones de tierras”.

Por esta razón se repite como consigna aquello de la necesidad de “sembrar el petróleo”, símil vinculado a la agricultura, y cuando se evalúa dónde debe ponerse el acento del desarrollo económico, la agricultura rivaliza fuertemente con el petróleo y supera con creces a la industria.

En la lectura popular no hay, pues, por donde equivocarse: Venezuela ha construido su propio El Dorado.
Se puede concluir que buena parte de la cultura nacional continúa siendo rural y que asimila al petróleo como una función intrusa en la evolución “natural” de las cosas.

Así pues, este es un país con petróleo pero no es un país petrolero. Tanto como es un país con industrias pero no es un país industrial.

Haciendo caso omiso a las reiteradas evidencias y advertencias de la pérdida de la capacidad productiva del país, a la caída sostenida de los precios petroleros y a las crecientes restricciones presupuestarias, entre tantos otros indicadores de la vulnerabilidad de la economía nacional, el discurso político se ha complacido permanentemente en reiterar el axioma del entorno con abundantes excedentes para el reparto.

Todas las campañas electorales presidenciales a partir de 1973, por ejemplo, se escenificaron sobre la base de un esquema plebiscitario que exacerbaba y capitalizaba la frustración por la renta no percibida durante el período del gobierno saliente, por una parte, mientras que, por la otra, abría las compuertas para estimular desmesuradas aspiraciones y expectativas del electorado.

Las consecuencias de este esquema han sido extremadamente eficientes para quienes lo han promovido pues con este discurso es que normalmente se ganan las elecciones pero, al propio tiempo, han reforzado la creencia ya general de que “la función del gobierno es la de repartir la riqueza nacional entre todos”, como lo cree actualmente el 68% de la población.

Un ejemplo práctico para ilustrar este punto se exacerba hoy en día cuando el Presidente Chávez anuncia en mitin público alguna de sus acostumbradas políticas redistributivas (micro créditos baratos que normalmente no se reintegran, por ejemplo, o distribución subsidiada de alimentos, entre muchas otras). Entonces los corifeos gritan la consigna de “¡así, así es que se gobierna!” en una clara demostración de esta doctrina de la dependencia clientelar y de un Estado paternalista.

Este discurso político ha producido también un sistema de ciclos periódicos de grandes expectativas a las que le suceden invariablemente grandes frustraciones, algo que explica por qué se ha creado un esquema de división natural del electorado en torno a quienes acceden a las prácticas de la redistribución estatal y quienes quedan excluidos de ellas.

La polarización es, pues, una constante en la política nacional. Como lo importante es estar entonces cerca del redistribuidor, la política venezolana fue perdiendo gradualmente su perfil inicial ideológico de los años ’40 hasta llegar a indiferenciar por completo a los partidos políticos luego del boom petrolero de mediados de los ‘70.

La política, por tanto, devino en simple pragmatismo para acceder al reparto de beneficios al punto de que para las elecciones de 1988 había un millón de personas que estaban simultáneamente inscritas en los dos grandes partidos políticos del momento como respuesta oportunista a lo que legitimaba la práctica del reparto de la renta.

V. Valores y creencias de la cultura populista

Con los estudios de opinión pública que hemos venido realizando en Venezuela desde mediados de la década de los ’80 , cuyos datos describiremos en esta sección, descubrimos que el concepto sobre la función redistributiva del Estado se basa en creencias laterales que expresa la mayoría y que tienen que ver con la idea de que la propiedad de la riqueza petrolera es de todos los ciudadanos y que el Estado es únicamente su administrador; que el reparto de la riqueza debe hacerse “a partes iguales”; que no debe haber privilegios ni privilegiados, que la competencia para lograr mayores beneficios personales en el trabajo no es una práctica sana, y muchas otras ideas-fuerza semejantes.

La justicia redistributiva (considerada como equitativa) es uno de los valores más preciados por los venezolanos, con tanto peso como la libertad para describir su apego al sistema democrático, porque permite la ensoñación de que, de aplicarse, “se podría ser proporcionalmente tan rico como el país”.

Como la riqueza tiene un origen colectivo, la economía y el desarrollo se conciben casi exclusivamente como materias de responsabilidad estatal.

La actividad privada, por tanto, es considerada como contribuyente y secundaria.

Como se observa, los venezolanos tienen un imaginario complejo sobre las maneras de crear riqueza. De hecho, se piensa que no es necesario crear riqueza porque ella ya existe de por sí bajo la tierra y lo único necesario es extraerla y repartirla con sabiduría. Una de las víctimas de esta creencia es el trabajo como instrumento de creación de riqueza.

El trabajo no es precisamente la manera como se cree que se pueda mejorar las condiciones de vida puesto que para el 20% de la población “el trabajo es un castigo”, debido a lo cual no se le desempeña más que en situaciones de extrema necesidad y se le abandona fácilmente cuando se lo obtiene; para otro 34% adicional, el trabajo se asume estrictamente en lo mínimo necesario sin valorar a cambio nada más que el salario que se obtiene por él. El 54%, por consecuencia, coincide en esta desvalorización de la relación laboral, pues para esta mayoría de la población adulta del país “nadie se hace rico con un trabajo honesto”.

Por contraste, sólo el 10% de la población manifiesta índices altos de motivación hacia el trabajo . De manera coherente, pues, es más importante tener buenas relaciones con los administradores de la riqueza (relaciones basadas en la solidaridad) que responder a estímulos de competitividad y productividad.

La riqueza, en cambio, está muy asociada con el poder. Por esta razón, al considerarse que el contexto es “sumamente rico” también se le supone muy poderoso ante el cual los individuos tienden a sentirse vulnerables. La solución a su propio destino recae, por consecuencia, en los dictados de un entorno que no se puede controlar.

Esta externalidad del control puede ser, para algunos casos, tan importante que afecta hasta al 75% de la población como sugieren todas las encuestas que hemos realizado desde los ’80 hasta ahora. De esta externalidad del control se nutre en buena medida la dependencia clientelar y los modos de concebir la relación entre la persona y el Estado.

En este sentido, la mayoría de la población considera que es mejor estar en buenas relaciones con el Estado poderoso puesto que de él dependemos y de esta debilidad de la psicología colectiva se han nutrido los partidos políticos que acceden al poder para convertirse en partidos de masas. Este ha sido el secreto de las dimensiones alcanzadas por Acción Democrática y por COPEI en el pasado como lo es el del Movimiento Quinta República (MVR) del Presidente Chávez en el presente.

En vistas de que a la riqueza nacional se le atribuye propiedad colectiva, el contraste entre esta creencia y la pobreza relativa es explicada nuevamente por la mayoría con la idea de que el administrador (el Estado, el gobierno, los gobernantes, los poderosos y, por consecuencia, la clase política) es un incapaz en su función redistributiva y, peor aún, un ladrón. De esta paradoja surge la creencia generalizada de que “todo el que tiene dinero es porque lo ha robado”, creencia firmemente compartida por el 35% de la población .

Esta manera de pensar ha permitido que la corrupción haya sido explicada por décadas como la causante de la pobreza porque la manera más sencilla de resolver la contradicción entre el contexto supuestamente muy rico y la población en situación de penurias ha consistido en acusar al gobernante de corrupto o, como escuchado en una sesión de dinámica de grupos realizada por el autor, “soy pobre porque me han robado mi barrilito de petróleo”.

La lógica de esta afirmación, subrayada por la creencia sobre la función redistributiva del Estado, fue tan contundente y por tanto tiempo que el 74% de los venezolanos califica a los gobiernos del período 1959 a 1999 como esencialmente corruptos.

Otras consecuencias de esta manera de pensar es que el 78% de la población cree que basta eliminar la corrupción para volver a ser ricos y 50% concluye que al eliminarse la corrupción y regresar a un reparto equitativo de la riqueza “se terminará la pobreza” .

Independientemente de que la corrupción es un hecho real, las pruebas han demostrado que tiene mucho más de mitología que de realidad.

La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público dictada en 1982 fue, en Venezuela, la única legislación que invierte la carga de la prueba con lo cual se subrayó esta creencia de que “todo funcionario público es corrupto hasta que demuestre lo contrario”.

Es de advertir que la corrupción, como una consecuencia, ha adquirido una dimensión económica y no ética-moral.

Un ejemplo para ilustrar esto fue la conseja popular para diferenciar a los principales partidos del período mencionado.

De Acción Democrática (AD) se decía que era corrupto “porque se comía todo el cambur” (banana) pero menos corrupto que COPEI porque “AD al menos regalaba la piel”. Para muchos, este aforismo no pasaba de ser un simple chiste para diferenciar en positivo la actitud “generosa” de Acción Democrática.

Esta creencia establece un modelo para el liderazgo deseado. Así, al líder se le exige ser “honesto” (en su acepción de “repartidor sin privilegios”) mucho más que “saber de economía”.

El concepto de lo “moral” es nuevamente desvirtuado por esta creencia y demuestra una nueva paradoja que lleva a un doble discurso. Porque ser moral significa para más del 60% de la población “repartir sin privilegios”.

La crisis moral se concibe, por tanto, cuando no se tiene otra explicación para la pobreza, para el desempleo o para la inflación y una demostración de ello es que alrededor del 30% de la población dice que “no importa que los gobernantes sean corruptos con tal de que hagan obras para el pueblo”.

VI. Del rentismo al populismo sólo hay un paso

Como hemos visto, esta cultura del asistencialismo ha provocado dos fenómenos relevantes: el asociacionismo de conveniencia, basado en relaciones solidarias de poder y no de productividad, para el sector de la demanda popular, y la extensiva política de dádivas populistas en el sector de la oferta gubernamental a partir de la renta petrolera.

Se trata, estrictamente hablando, del esquema del populismo que, como hemos intentado demostrar, ha estado presente en mayor o menor medida en la práctica de la política venezolana desde el inicio de la democracia en 1958.

No obstante, necesitamos distinguir dos tipos de populismo: el populismo institucional y el populismo revolucionario o de masas.

El primero de ellos, fuertemente desarrollado a partir de 1958, cuando se instaura el sistema democrático representativo en el país, tuvo una evolución creciente bajo consenso nacional hasta finales de los ’80 cuando, enfrentado al proceso de descentralización política, a la modernización de la economía competitiva con una apertura más bien tímida hacia los mercados y a la realidad de la pérdida de la capacidad de generar excedentes a ser redistribuidos debido a la caída del ingreso, se inició su declive.

Este populismo institucional se había concebido como necesario por los fundadores del régimen democrático, no sólo porque era la doctrina dominante en América Latina para la época sino, en el caso concreto de Venezuela, como una vía para lograr un apoyo popular sustancial que permitiera fortalecer el nuevo sistema político democrático a través de la intermediación de las nuevas instituciones que se estaban creando, satisfacer su promesa implícita de bienestar económico para todos al hacer extensivos a los más densos sectores populares los beneficios del crecimiento económico y, finalmente, crear un mecanismo que garantizase cierta paz social, especialmente importante en la década de los ’60 porque para entonces el régimen sufría ataques tanto desde la derecha militar que había sido desplazada del poder como de una naciente guerrilla de izquierda promovida desde Cuba.

En los tres lustros iniciales de la democracia este sistema de la redistribución de la renta fue muy eficiente porque permitió, como ya hemos explicado arriba, la extensión de los servicios públicos a casi toda la población y con la cobertura de la casi totalidad del territorio en materia de electrificación, carreteras y servicios de salud y de educación. Por tanto, el esquema redistributivo inicial no puede tildarse propiamente de populismo porque buscaba honestamente hacer accesible el bienestar a la población de menores recursos y no era evidente el chantaje clientelar que luego se puso de manifiesto. Por eso preferimos denominar este período (1958 - 1973) como la etapa en la cual se forma la cultura rentista pero no se ejerce el populismo como doctrina.

Pero durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974 -1979) se produce la nacionalización de la industria petrolera y, por primera vez, un boom en los precios petroleros debido al boicot árabe al mercado de hidrocarburos como consecuencia de la crisis del Medio Oriente lo que permitió generar las garantías necesarias para embarcar al país en una desenfrenada carrera de empréstitos internacionales cuyo volumen de deuda aún se paga.

Es durante este gobierno que se produce una visión hiperbólica del potencial del crecimiento económico del país más allá de toda realidad y posibilidad. El exceso súbito de liquidez (el presupuesto de gastos del gobierno se multiplicó por cuatro en un solo año), trastocó completamente el sistema de equilibrios macroeconómicos, por una parte, y del poder político por la otra.

Esto produjo una severa pérdida del tono moral de la República y progresivamente, durante los gobiernos sucesivos, se fueron ahondando las prácticas clientelares a objeto de preservar el control del poder. Pero se produjo también otra diferencia importante.

De la redistribución en obras de infraestructura de los gobiernos anteriores se pasó a la redistribución en prebendas y privilegios en asociación con el poder político a fin de fraguar lealtades electorales. Del rentismo se pasó, pues, a un abierto populismo que afectó a la casi totalidad de las instituciones del país.

Paradójicamente, mientras menos recursos excedentarios había para el reparto clientelar mayores eran los abusos de poder y la formación de desigualdades sociales con lo que se fue produciendo un creciente malestar popular que finalmente eclosionaría en las actitudes radicales de una mayoría que se sentía excluida del reparto al punto de que el 42% de la población legitimó el intento de golpe de Estado del Teniente Coronel Hugo Chávez en 1992 que lo interpretó como una especie de necesaria corrección democrática.

Lo que el pueblo aplaudió en las asonadas militares de ese año (4 de febrero y 27 de noviembre) fue justamente la percepción de que la promesa redistributiva básica no se cumplía y que era necesario un dramático y radical cambio de estructuras para volver a ella.

Para ese momento el 96% de los venezolanos quería un cambio, 63% un cambio a fondo o radical, y también un 63% concebía como demostración de cambio la salida del poder de los partidos que tradicionalmente habían gobernado durante los 40 años previos, Acción Democrática y COPEI.

VII. El populismo revolucionario de Chávez

Hugo Chávez fue el candidato presidencial en las elecciones de 1998 que mejor interpretó los signos de esos tiempos lo que le permitió ganar las elecciones con el 53% de los votos válidos a pesar de una gran abstención del 43%. Y es con el nuevo gobierno de Hugo Chávez que se instaura en Venezuela el segundo de los tipos del populismo, el populismo revolucionario de masas.

La esencia de su discurso electoral o promesa básica, era la nec-esidad de realizar cambios políticos radicales que en la lectura popular no era otra cosa más que sacar del poder a los partidos tradicionales como forma de castigar la pérdida sostenida de la redistribución de la renta.

No obstante, aunque los electores ace-ptaron mayoritariamente este concepto, estos cambios se interpr-etaban como necesarios para regresar al modelo rentista. Por consecuencia, los cambios políticos se aceptaban únicamente como un paso importante y temporal para lograr una mejor calidad de vida por lo que ni remotamente los electores habían votado por Chávez para que hiciera una revolución o para que eliminara las instituciones de intermediación social o para que transformara el equilibrio democrático de los poderes públicos.

Una prueba de ello es que justo antes de las elecciones en las que Chávez fue electo presidente, el 58% del electorado buscaba el castigo de los partidos tradicionales y sólo el 37% votaba en procura de mejores opciones redistributivas pero apenas un mes después de haber tomado posesión de la Presidencia, sólo el 22% de los ciudadanos continuaban motivados por la sanción al viejo sistema de partidos mientras que había aumentado al 54% quienes ahora aspiraban a la redistribución de la renta.

En el fondo, pues, la demanda popular había consistido en procurarse un liderazgo muy fuerte que distribuyera la riqueza del país a los más pobres y no en un liderazgo revolucionario.

Pero sólo el discurso de Chávez ha sido coherente con la aspiración popular redistributiva puesto que en los 5 años que lleva como gobernante la pobreza ha aumentado en un 30% al pasar del 52.9% en 1999 al 69% en 2003 (ver Tabla n° 1). De hecho, más que un gobierno para los pobres, Chávez los ha utilizado para afianzarse en el poder. Su estrategia de poder se ha basado en propiciar una lucha de clases que ha dividido de manera truculenta a la sociedad entre quienes disponen de un cierto nivel de vida (clases medias hacia arriba), a quienes Chávez engloba como un conjunto uniforme al que tilda de “oligarca”, para enfrentarlo a los menos privilegiados a quienes llama los “patriotas”.

A aquellos, Chávez los insulta constantemente y les cierra todos los caminos de protesta legítima; a estos, Chávez lo empalaga con ofertas asistencialistas como nunca antes se había visto en el país.

Para ello propuso inicialmente una serie de iniciativas aisladas que tuvieron muy poca efectividad política, tales como la propuesta para las zonas marginales urbanas de sustituir las compras de alimentos en mercados (supuestamente muy costosos debido a “la insensibilidad social de la agroindustria”) por “gallineros verticales” y cultivos organopónicos (sic) en los espacios reducidos de las viviendas marginales. Más recientemente, Chávez ha optado por canalizar ingentes recursos económicos a políticas de redistribución directa.

Por ejemplo, a raíz del gran paro opositor que duró dos meses entre diciembre 2002 y enero 2003 que paralizó a la industria alimentaria, Chávez optó por la importación gubernamental de alimentos que reparte actualmente a precios subsidiados en grandes actos de masas.

Y ha creado una serie de programas asistencialistas a los que denomina “misiones” (para programas de alfabetización, otorgamiento de becas de estudios secundarios, creación de varios centros universitarios para atender a 400 mil aspirantes aunque sólo hay capacidad para dos mil, etc.) Chávez, pues, manipula las necesidades de los pobres aunque no resuelve la pobreza.

Se puede adelantar la idea de que ahora se trata de un populismo radical de abierta tendencia socialista tanto por la preeminencia de personalidades y grupos de izquierda (civiles y militares) en el entorno de las decisiones públicas como por ciertos elementos del discurso oficial tales como los ya mencionados arriba así como, especialmente, por una serie de medidas que refuerzan valores y creencias típicos de esta orientación política (auspicio y promoción de la lucha de clases, dominación del Estado sobre la actividad privada, justificación de violaciones a la ley en nombre de la justicia social, apelación al derecho colectivo en detrimento de los derechos individuales, justicia equitativa e igualitaria como norte valorativo, coacción sobre las libertades públicas cuando le resultan de signo contrario a sus intenciones, etc.)

Como consecuencia de este nuevo populismo Venezuela regresa una vez más al estatismo centralista que desde 1978 constituyó el objeto de la reforma política más importante de la época democrática anterior con el logro del proceso de descentralización.

El populismo del régimen instaurado por Chávez tiene otras características adicionales. Una de ellas es el militarismo, no sólo por la evidente penetración de militares en cargos de responsabi-lidad civil (más de 400 oficiales en cargos públicos, seis goberna-dores de Estado, varios ministros de Despacho y embajadores y casi el 7% de la fracción parlamentaria) o por la más evidente to-davía de ser la Fuerza Armada su "enclave de pertenencia" y, por consiguiente, su verdadera organización política matriz, sino porque aspira a convertir a la Fuerza Armada en la institución pivote en torno a la cual gire toda la estructura de poder con la convocatoria de 150 mil reservistas para convertirlos en “guardianes de la revolución”.

De este "espíritu militar" emerge como característica secundaria, pero definitivamente muy importante, el estilo aut-oritario y de imposición que desdice del carácter democrático que pretende mantener.

El espíritu de izquierda radical que intenta imponer Chávez es un factor extremadamente perturbador en una sociedad que rechaza ampliamente cualquier figura parecida al comunismo.

No obstante, ejerce con gran desparpajo su amistad con personalidades del mundo radical (Fidel Castro, Saddam Hussein, Mohamar Khadafi, Evo Morales, José Bové, entre muchos otros) lo que ha reforzado la idea central de sus opositores de que Chávez conduce a Venezuela a un modelo de desarrollo similar al de Cuba.

Finalmente, este nuevo populismo muestra como claro objetivo estratégico de corto plazo la hegemonía del poder bajo la premisa del "proceso revolucionario", con posibilidades de extenderlo para un largo plazo, especialmente al descalificar cualquier alternativa política emergente que pueda ser viable para el electorado.

De esta vocación de poder hegemónico surge también una característica secundaria importante, cual es la de la sustitución casi plena de las élites intelectuales y económicas tradicionales por figuras emergentes, independientemente de su competencia académica o administrativa.

La intención hegemónica del poder ha producido, además, el efecto del desequilibrio de los poderes públicos con lo cual parecen perdidos los sistemas de "checks and balances" que requiere la democracia.

Se puede concluir, entonces, que más que un populismo tradicional Venezuela lo que enfrenta ahora es la posibilidad muy real de que su régimen político derive muy en el corto plazo en una dictadura radical socialista y, desde luego, en la pérdida de su democracia.

Venezuela se parecerá, entonces, a Cuba. Con la diferencia importante de que Venezuela no necesita de un padrino externo como lo fue la Unión Soviética para el régimen cubano porque tiene por sí mismo los recursos financieros que requiere no sólo para mantener una dictadura semejante sino, peor aún, para exportarla a otros países del ámbito latinoamericano.

Caracas, Abril 2004

 

Gráfico n° 1
Crecimiento global del PIB en América Latina
(período 1991 - 2003)

 

Gráfico n° 2
PIB per cápita comparativo América Latina, Estados Unidos, España
(año 2000)

 

 

NOTAS:

[1]      Organización de las Naciones Unidas (ONU): Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2001
[2]      CEPAL: Panorama Social de América Latina 2002 - 2003, Agosto 2003
[3]      Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES): Proyecto Pobreza, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, 2003
[4]      IIES-UCAB, ibid.
[5]      Keller y Asociados; Estudio de Opinión Pública Nacional (n = 1000), Febrero 2001
[6]      Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Índice de Desarrollo Humano, 2003
[7]      PNUD, ibid.
[8]      Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): The State of Food Insecurity in the World, 2003.
[9]      CEPAL, ibid.
[10]     IIES-UCAB, ibid.
[11]     Instituto Nacional de Estadísticas (INE-Venezuela), Informe de la Situación Social 2001, página Web Oficial del INE: www.ine.gov.ve
[12]     Policía Metropolitana y Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística, en: Diario El Universal, 21 de Octubre de 2003, pág. 1-1
[13]     IIES-UCAB, ibid.
[14]     CONINDUSTRIA, Encuesta de Coyuntura Industrial del 4° trimestre de 2003, presentación en Powerpoint, Caracas, Febrero 2004.
[15]     FAO, ibid.
[16]     Keller y Asociados, Estudio de Opinión Pública en el Área Metropolitana de Caracas (n = 700), Marzo 2004.
[17]     Keller y Asociados, 2004, ibid.
[18]     Keller y Asociados, La Perspectiva Cultural del Venezolano, presentación en Powerpoint, Caracas, Noviembre 2002.
[19]     Zapata, Roberto: Los Valores de los Venezolanos, ed. Conciencia 21, Caracas,1996.
[20]     Keller y Asociados: Revisión de las Bases de la Cultura Política de los Venezolanos, presentación en Powerpoint, Caracas, Febrero 2000.
[21]     Keller y Asociados: 2000, ibid.
[22]     Keller y Asociados, 2002, ibid.
[23]     Contraloría General de la República: Memoria y Cuenta a la Asamblea Nacional, Caracas, 1999.
[24]     Keller y Asociados; De cómo la cultura política se traduce en conducta electoral, presentación en Powerpoint, Caracas, Marzo 1999.
[25]     Keller y Asociados: 2000, ibid.
[26]     Keller, Alfredo: Estudio de Opinión Pública para evaluar el Golpe de Estado del 4 de Febrero de 1992, Marzo 1992.
[27]     Keller y Asociados; 1999, ibid.
[28]     Keller y Asociados; 1999, ibid.
[29]     Keller y Asociados: Lo que los Venezolanos piensan y esperan de la Política, Estudio Nacional de Opinión Pública realizado para la Fundación Konrad Adenauer, presentación en Powerpoint, Caracas, Diciembre 2001

 

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